En los últimos años, Hacienda ha aumentado la inspección a distintos negocios, sobre todos a aquellos en los que los clientes son consumidores finales y donde el medio de pago normalmente es en efectivo. De acuerdo con la AEAT, el aumento de las inspecciones se debe al uso de software de doble uso o de ocultación, que permite la manipulación de datos con la finalidad de ocultar sus ventas.

La discrepancia entre las bases de datos y las declaraciones de los empresarios es una de las razones que llevan a la AEAT a entrar en un negocio. “La forma de de proceder ha cambiado; antes la Administración pedía la documentación al empresario, que tenía que personarse antes de 10 días y aportarla amigablemente. Ahora, en muchos casos, se opta por personarse directamente en los negocios y pueden hacerlo, pero los contribuyentes deben ser conscientes de que también tienen derechos”, explica Juan Luis Sendín, socio director de Garrido Forensic.

Lo primero para hacerlos respetar es ser capaces de diferenciar un espacio judicialmente protegido de uno que no lo es, aconseja Sendín. Un espacio judicialmente protegido es un lugar delimitado y con acceso restringido, y para poder entrar en él se debe contar con una autorización judicial o con el consentimiento del administrador o del profesional. En los espacios que no lo son, la inspección puede entrar simplemente con la autorización del delegado de la AEAT.

El Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF) recomienda que el contribuyente tenga muy claros sus derechos y esté asesorado por profesionales para, si no se está conforme, recurrir la decisión judicial y anular los datos recabados de la inspección.

Fuente: Cinco Días

http://cincodias.com/cincodias/2016/06/08/empresas/1465404926_688413.html